Breogán Gómez Giráldez Pérez
Los datos de paro confirman la paralización, cada vez más preocupante, de nuestro sistema productivo, provocada entre otras cosas por la falta de financiación. Por eso las entidades financieras han de reaccionar con una adecuada gestión -la buena gestión no es sinónimo de grandes grupos de bancos o cajas- y canalizar las ayudas y apoyos al sistema financiero que siempre consiguen del Gobierno, a las familias y empresas. Una de las políticas para salir de la crisis es dar confianza a los trabajadores y a las empresas, para garantizar el poder de compra de los trabajadores y la mejora de la protección de los desempleados. Más flexibilidad, aplicando las normas menos restrictivas, y rapidez en la expedición de licencias de obras y actividades, sobre todo en los APR, puesto que la actual burocracia, aparte de no permitir la creación de mano de obra y empleo en las actividades, está generando más gasto público y deteriorando partes importantes de los barrios y parroquias. Son algunas de las medias a tomar.
Pensemos que la construcción continúa reflejando la mayor tasa de crecimiento del número de desempleados en términos interanuales. También los sectores de industria y los servicios sufren, mientras se permiten entradas masivas de productos de terceros países, sin o con escasos aranceles, lo que provoca el cierre de muchas empresas y comercios en distintos sectores. También seria necesaria una reforma profunda de la Ley Concursal para proteger mejor los derechos de los trabajadores y la necesaria implicación de todos los ministerios en el diálogo social para hacer posible el cambio de modelo productivo que requiere nuestro país.
Como sabréis, mantener el empleo es la primera preocupación entre los trabajadores este año que también se atisba complejo. Lo ponen de manifiesto diversas encuestas. Los que tienen estudios básicos se muestran más preocupados por mantener su trabajo, debido a la gran tasa de paro del país que sobrepasa todas las previsiones de hace unos años. Otros datos a tener en cuenta son la nacionalidad, el sexo y los jóvenes: Tanto los extranjeros como los españoles, hombres y mujeres, también lo valoran como prioridad. Igual sucede con los jóvenes, con un paro juvenil que alcanza el 45 por ciento. Mientras que por comunidades, los más preocupados son los gallegos, que lo eligen con un gran porcentaje. Otro colectivo importante, que sufre sobre manera la crisis, son los autónomos.
En el pasado año 2009, con los EREs, recortes de plantilla, etc., el desempleo volvió a aumentar una décima en la zona del euro durante el mes de diciembre hasta alcanzar el 10%, el peor dato desde agosto de 1998, mientras que en España se registró una subida mensual similar y llegó al 19,5%, que la mantiene como el segundo país con más paro de toda la Unión Europea. El dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre del año, arroja un incremento de más de 200.000 parados en los últimos compases del ejercicio, es un dato malo, pero va certificando la tendencia de atenuación del desempleo. Ese aumento del paro, en el último trimestre, es el mayor problema de España junto con la política de gasto público y el descenso de personas afiliadas a la Seguridad Social, que ha descendido en 1.700.000, lo que puede generar dudas en el Estado del Bienestar. En España, en todo caso, los datos nos llevan a pensar que retrasar la edad de jubilación, voluntariamente para algunas profesiones, es necesario. Incluso se podrá llegar hasta poner el tope legal del retiro a los setenta años, como sucede con algunos catedráticos, etc. No hay más remedio, aunque lógicamente manteniendo los derechos adquiridos de los trabajadores y buscando un consenso amplio en el Pacto de Toledo, una vez conseguido cualquier oposición a esta medida, de los sindicatos, de los partidos políticos o de otras fuerzas sociales, puede ser tildada de demagógica. De hacerlo así, el Gobierno por fin habrá tomado una medida realista, mientras no se supere la crisis y se rejuvenezca la población, aunque sea impopular, porque lo profundo de esta situación no es el debate sobre la edad legal de jubilación, sino el envejecimiento progresivo y acelerado de una sociedad que demográficamente es deficiente y que necesita mantener un sistema público de pensiones y seguridad social. La Seguridad Social alcanzó un superávit de 8.501,83 millones de euros en 2009, lo que representa el 0,81% del PIB y supone una reducción del 41% interanual. En el año 2008 estas cuentas cerraron con un superávit de 14.428,21 millones, equivalente al 1,31% del PIB, más de lo que por entonces había presupuestado el Gobierno. El menor superávit es consecuencia del aumento de los gastos -por el aumento del paro- y de la pérdida de 727.473 afiliados a la Seguridad Social en 2009.
La inflación anual de la zona euro se sitúa en enero en el 1%, una décima por encima de la lectura del pasado mes de diciembre, según la estimación provisional publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. Otro dato es el euríbor, el indicador más utilizado en España para el cálculo de hipotecas, que cerró el mes de enero en una centésima por debajo del de diciembre, lo que abaratará las hipotecas contratadas hace un año que se revisen en febrero aproximadamente en 1.200 euros anuales, siempre y cuando no se hayan firmado los mínimos de marras.
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